La constructora brasileña Odebrecht S.A., asegura que sus ejecutivos han estado dispuestos a testificar en el proceso legal que se lleva en República Dominicana, que ha pagado US$60 millones al erario y que ha cumplido “en tiempo, contenido y metodología” sus obligaciones asumidas con el Estado dominicano, mediante el acuerdo de lenidad que firmó con la Procuraduría General de la República en marzo de 2017.
Mediante un comunicado publicado , afirma además que en la empresa existe la “determinación inequívoca” de continuar cumpliendo con el acuerdo, y dice estar confiada en lo que deber ser la forma de actuar del Ministerio Público, en cumplimiento de la norma constitucional que establecen el estado de derecho y la seguridad jurídica en República Dominicana.
La constructora se refiere a las declaraciones del titular de la Procuraduría Especializada para la Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, quien el pasado 21 de diciembre declaró que el Ministerio Público estudia la posibilidad de anular el acuerdo establecido con Odebrecht por supuesto incumplimiento de parte de ésta. Las declaraciones de Camacho se produjeron tras la suspensión del conocimiento del juicio de fondo que se sigue en contra de Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Tommy Galán, Andrés Bautista, Conrado Pittaluga y Juan Roberto Rodríguez, los acusados de recibir los US$92 millones en soborno que la constructora brasileña admitió haber pagado en el país.
El reenvío se produjo ante la ausencia del primer testigo de la Pepca, el exejecutivo de Odebrecht Mauricio Dantas Bezerra, quien se excusó de no participar en la audiencia atendiendo a compromisos familiares previamente asumidos, así como por las dificultades de realizar viajes desde Brasil, debido a la situación de la pandemia del COVID-19.
