Organizaciones sociales denunciaron que el Senado de la República aprobó un proyecto de Código Penal profundamente regresivo. Este código protege a corruptos, permite la censura y el abuso de poder contra la ciudadanía, y desampara a las víctimas de violencia, a las mujeres y a niñas y niños.
Las organizaciones responsabilizaron directamente al liderazgo del PRM por este proyecto. Recordaron que tienen mayoría calificada en el Congreso y han ignorado las demandas ciudadanas. “Este no es un Código Penal para proteger a la gente y perseguir a los delincuentes. Es un instrumento para blindar a los corruptos y políticos, para silenciar a la ciudadanía y para negar justicia a mujeres, niñas y víctimas de violencia”, denunciaron desde la coalición de organizaciones.
La decisión final la tendrá el presidente Luis Abinader. Esto ocurrirá cuando este proyecto llegue a sus manos y deba elegir qué legado va a dejar a la República Dominicana”, advirtió la Coalición.
Puntos críticos del Código Penal aprobado en el Senado
Las organizaciones denunciaron que el proyecto aprobado en el Senado:
- Facilita la impunidad para actores políticos y religiosos, excluyendo de responsabilidad penal al Estado, ayuntamientos, partidos políticos e iglesias. También limita la prescripción de los delitos de corrupción a 20 años.
- Criminaliza insultos a funcionarios públicos, castigando con cárcel expresiones que “afecten su dignidad”, incluso si no son públicas.
- Permite requisas sin orden judicial ni causa probable. Por lo tanto, otorga a militares y policías el poder de intervenir vehículos y pertenencias sin supervisión. Y, además, permite que los agentes prohíban grabar requisas. Esto impide documentar abusos policiales, en un país con alto índice de abusos de la policía y los militares.
- Permite penas de hasta 30 años por compartir información con empresas o entidades extranjeras. Todo esto sin especificar que deba tratarse de datos sensibles, lo que podría usarse para perseguir periodistas o incluso empresarios que buscan promover proyectos de inversión.
- Limita la tipificación del feminicidio solo a casos con violencia sexual o exposición del cuerpo de la víctima.
- Criminaliza insultos a funcionarios públicos, castigando con cárcel expresiones que “afecten su dignidad”, incluso si no son públicas.
- Reduce las penas por violencia de género a tan solo 1 a 3 años en casos graves. Esto aplica incluso cuando hay amenazas de muerte, presencia de menores o violación de órdenes de alejamiento.
- Permite agredir físicamente a niños y niñas si no se demuestra un patrón de violencia, naturalizando la violencia intrafamiliar.
- Limita la persecución judicial contra violadores sexuales al restablecer la prescripción, desconociendo los efectos del trauma.
- Reduce las penas por violación en pareja y exige probar violencia física o uso de drogas, dejando sin protección a miles de víctimas.
- Excluye las tres causales, obligando a niñas y mujeres a enfrentar embarazos inviables, peligrosos o producto de violación.
La iniciativa legislativa deberá ser ahora revisada por la Cámara de Diputados. Ahí se someterá a dos lecturas antes de ser remitida al presidente de la República para su promulgación o eventual observación.
