ASUNCIÓN, Paraguay, 6 de noviembreunción (EFE).-El futuro del presidente de Paraguay, Santiago Peña, quedó este jueves en manos del Congreso, un antiguo poder aliado, que deberá resolver el juicio político en su contra, en medio de la crisis desatada por la intervención de Ueno Bank, que dejó a millones de clientes sin acceso a sus ahorros.
Acorralado por el escándalo, el mandatario presentó este jueves su renuncia para evitar el juicio político, que podría dejarle sin fueros si se determina su responsabilidad en la caída del banco.
Peña terminó salpicado por la crisis en la que quedó sumido el país después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó el martes un proceso de resolución o cierre de Ueno, lo que desató los reclamos de miles de usuarios preocupados por sus ahorros, mientras existe expectativa por los millonarios fondos públicos, en su mayoría procedentes de pensiones, que están en la institución privada.
INICIO DE JUICIO POLÍTICO
El artículo 189 de la Constitución de Paraguay establece que los expresidentes elegidos democráticamente serán senadores vitalicios, «salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables».
Un senador vitalicio goza de fueros y no puede ser sometido a un proceso penal sin el aval del Senado.
Pero la sesión conjunta convocada para determinar si se aceptaba su dimisión quedó sin cuórum por el abandono de varios legisladores oficialistas y el Congreso inició esta noche el juicio político contra el mandatario, quien anunció que se defenderá de las acusaciones.
Con este panorama, Peña permanece formalmente en la Presidencia de Paraguay, aunque su continuidad sigue dependiendo de la votación en el Senado.
