El presidente de Chile, Sebastián Piñera, firmó este miércoles un proyecto de ley que establece un ingreso mínimo para los trabajadores de 350.000 pesos (unos 475 dólares), una de las medidas de la agenda que lanzó en respuesta a la crisis social.
Se trata de un subsidio estatal que beneficiará a 540.000 trabajadores en situación de vulnerabilidad cuyos sueldos superan el salario mínimo (301.000 pesos o 409 dólares) pero no llegan a los 350.000 pesos.
‘Casi todos los beneficiarios de ese subsidio del Estado trabajan en pymes’, dijo Piñera en una ceremonia en la sede del Ejecutivo, en la que subrayó que esa medida tendrá un ‘costo muy importante’ para las arcas fiscales, de unos 190.000 millones de pesos (unos 258 millones de dólares) el primer año.
‘Con esto estamos respondiendo con hechos y no solamente con buenas intenciones a lo que la gente ha demandado con tanta fuerza’, añadió Piñera.
El ingreso mínimo garantizado es uno de los puntos de la agenda social que Piñera presentó el 22 de octubre pasado, en el momento más álgido del estallido social con protestas violentas y manifestaciones masivas que hasta ahora han dejado una veintena de muertos y miles de heridos y detenidos.
El plan del mandatario incluye también subir las pensiones, reducir los sueldos de los parlamentarios, mejorar la sanidad pública y estabilizar los precios de servicios como la electricidad o el metro, entre otras medidas.
El mandatario se refirió también a la violencia que se ha registrado desde hace 20 días y que ha dejado miles de heridos, tanto civiles como agentes de las fuerzas de seguridad, y descartó que el Gobierno esté dando un trato preferencial a los Policías heridos en los disturbios.
‘No hay ninguna diferencia, igual como hemos visitado a los carabineros y carabineras heridos en confrontaciones, también algunos ministros, y yo también lo haré personalmente, vamos a visitar a civiles que han sido víctimas de la violencia durante esas últimas semanas’, manifestó.
Piñera reiteró su ‘respeto absoluto’ por los derechos humanos ante las denuncias de abusos policiales que se han sucedido desde el inicio del conflicto, y subrayó que los casos de ‘uso excesivo de la fuerza’ serán investigadas por la Fiscalía y juzgados por los tribunales.
‘No confundamos la labor de Carabineros y de las Fuerzas Armadas de Chile, que dentro de la Constitución asumieron su deber y su responsabilidad, con el hecho de que algunos de sus miembros puedan haber cometido excesos, delitos, abusos o uso excesivo de la fuerza’, concluyó.
