En Haití, país sumido en una crisis política y social desde hace un año, opositores piden a diario en manifestaciones callejeras la renuncia del presidente Jovenel Moise, a quien acusan de corrupto e incompetente.
Pero el mandatario no da indicios de una posible dimisión ni de un plan concreto para salir de una situación que tiene al país más pobre de las Américas prácticamente paralizado.
En una entrevista exclusiva con la AFP, consultado sobre si considera terminar de forma anticipada su mandato, Moise dice que no está «aferrado al poder» sino más bien «aferrado a las reformas, porque el país ha sufrido por muchas décadas».
Para Moise, las prioridades son una reforma constitucional, aduanera y del sector energético, y la informatización de la gestión gubernamental.
A fines de agosto, las protestas por una escasez nacional de combustible se tornaron violentas y han derivado en una presión creciente contra el presidente, que asumió en 2017 luego de una elección que a los ojos de muchos fue fraudulenta.
Las manifestaciones se han multiplicado y en las últimas semanas varios grupos sociales y asociaciones profesionales, incluidos movimientos de artistas y estudiantes universitarios, han tomado a su turno las calles para protestar.
El martes, el último grupo en sumarse a los pedidos de renuncia fueron los católicos, que marcharon rezando por las calles de la capital, Puerto Príncipe.
El diálogo con la oposición está quebrado, y la de por sí débil economía está comenzando a sufrir. Debido a la falta de actividad, muchas empresas, especialmente los hoteles en la capital, han despedido a cientos de trabajadores.
«Es verdad, hay un problema», reconoció Moise. «La gente está harta, exasperada». «Pero debemos ver cómo podemos sacar provecho de esta crisis, cómo hacer de esta crisis una oportunidad», agregó.
Según el presidente, este proceso exige «trascender el yo, sabiduría y serenidad».
– «Buscando trabajo» –
La tensión en Haití obligó a cerrar las escuelas, que ya llevan más de un mes sin actividad.
Moise llamo a sus «hermanos y hermanas de la oposición» a trabajar junto al gobierno para acordar una tregua y reabrir las aulas.
«Estamos trabajando para restaurar la paz, para que el pueblo haitiano recupere la serenidad y que los niños puedan regresar a la escuela», insistió.
Sin embargo, no expuso con claridad ninguna medida de emergencia para lidiar con las pandillas criminales que cortan calles y asaltan a las personas o les exigen ‘peajes’.
«La gente que exige dinero en las calles, que planta barricadas, está buscando trabajo», dijo Moise, para quien la policía no da abasto. La fuerza cuenta con 20.000 efectivos en un país de 12 millones de habitantes.
Pero antes de que la crisis llegara a su punto de ebullición, pesaban sobre Moise acusaciones de corrupción.
A fines de mayo, el Tribunal Superior de Cuentas de Haití presentó un informe tras una auditoría en el que acusa al presidente de dirigir un «esquema de desvío de fondos», vinculado a la mala gestión de más de 2.000 millones de dólares de ayuda enviada por Venezuela.
Entre 2008 y 2018, Haití fue parte del programa Petrocaribe, una iniciativa del fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez que permitió a varios países latinoamericanos y caribeños adquirir productos petroleros a precios ventajosos.
El programa, plagado de denuncias de corrupción que afectan también a cuatro administraciones haitianas previas a Moise, lleva suspendido más de un año como consecuencia del deterioro de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos.
Luego de conocerse el resultado de la auditoría, Moise pidió ayuda a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para efectuar otra auditoría sobre Petrocaribe. Sus críticos juzgaron ese movimiento como un intento de eludir y desafiar a la justicia de Haití.
«Algunos creen que representa una injerencia en asuntos de Estado, pero nosotros somos miembros fundadores de OEA», dijo Moise.
«No es un problema de confianza, al contrario», se defendió Moise. «Es para infundir confianza a todo el mundo, para decirle a todo el mundo: se necesita un proceso justo, se necesita un proceso donde no habrá una caza de brujas ni una persecución política».
