La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) advirtió que el 64.57 % de las personas privadas de libertad en República Dominicana permanece en prisión preventiva, mientras que las cárceles del país registran una sobrepoblación de 6,913 internos, según los datos correspondientes al cierre de 2025.
Las cifras fueron presentadas durante la exposición del Informe sobre las Condiciones de Detención y Prisión 2025, realizada en el Auditorio de la Suprema Corte de Justicia.
El documento identifica entre los principales desafíos del sistema penitenciario dominicano el uso extendido de la prisión preventiva, el hacinamiento y las deficiencias en los servicios básicos que reciben las personas recluidas.
Durante la presentación, el director de la ONDP, Rodolfo Valentín Santos, manifestó su preocupación por el incremento sostenido de esta medida cautelar y sus efectos sobre la capacidad del sistema para garantizar condiciones dignas de internamiento.
De acuerdo con el informe, al cierre de 2025 la población penitenciaria nacional ascendía a 23,270 personas privadas de libertad.
De ese total, 15,025 permanecían bajo prisión preventiva, equivalentes al 64.57 %, mientras que el documento registra 8,156 internos con condenas definitivas, cifra que identifica como el 35.43 %.
La Defensa Pública señaló que estos resultados reflejan la persistencia del uso de la medida cautelar, pese a su carácter excepcional.
El informe también establece que la población penitenciaria está integrada mayoritariamente por hombres.
Según los datos presentados, 22,563 internos son hombres, equivalentes al 96.96 %, mientras que 707 son mujeres, correspondientes al 3.04 %.
La institución indicó que las necesidades de las mujeres privadas de libertad requieren políticas diferenciadas conforme a las Reglas de Bangkok.
Asimismo, destacó la importancia de garantizar una atención especializada a los adolescentes en conflicto con la ley penal, de acuerdo con las Reglas de Beijing.
Hacinamiento y prisión preventiva
El sistema penitenciario dominicano dispone de una capacidad instalada de 16,357 plazas, pero alberga a 23,270 personas.
Esta diferencia representa un excedente de 6,913 internos y una tasa de ocupación del 142.26 %.
En términos de capacidad, las cárceles alojan un 42.26 % más de personas de las que pueden recibir, una situación que dificulta la gestión penitenciaria y afecta las condiciones de reclusión.
Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Comisión de Cárceles, explicó que, debido a la sobrepoblación, numerosos internos continúan durmiendo en el suelo, en pasillos, debajo de camarotes y en estructuras improvisadas conocidas como “goletas”.
La Defensa Pública advirtió que estas condiciones representan uno de los principales desafíos para garantizar un trato digno a las personas privadas de libertad.
Prisión preventiva y condiciones
El informe también documenta deficiencias en los servicios de salud, falta de medicamentos y equipos médicos, así como limitaciones en la atención de la salud mental.
A estas dificultades se suman carencias alimentarias y escasez de vehículos para realizar traslados judiciales y hospitalarios.
Entre los recintos señalados figura la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Santiago, donde fueron identificados problemas de insalubridad, humedad, deterioro estructural y presencia de plagas.
La ONDP considera que estas situaciones requieren atención para mejorar las condiciones de detención y garantizar los derechos de la población penitenciaria.
Avances en reforma penitenciaria
Pese a las deficiencias identificadas, la Defensa Pública reconoció avances en el proceso de transformación del sistema penitenciario.
Entre ellos mencionó el cierre técnico de la Penitenciaría Nacional de La Victoria, el traslado gradual de internos al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras y la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios.
También destacó el fortalecimiento de los programas educativos y de capacitación dirigidos a las personas privadas de libertad.
Otro de los proyectos señalados es la construcción de un nuevo centro para adolescentes en conflicto con la ley penal en La Vega, destinado a mejorar las condiciones de atención y protección de esta población.
Reducir la prisión preventiva
La Oficina Nacional de Defensa Pública reiteró que el objetivo del informe no se limita a identificar deficiencias, sino que también busca contribuir con propuestas para fortalecer la reforma penitenciaria.
Valentín Santos sostuvo que los datos evidencian la necesidad de impulsar políticas públicas orientadas a reducir el hacinamiento, garantizar el uso excepcional de la prisión preventiva y mejorar las condiciones de los centros de reclusión.
El director de la ONDP también subrayó la importancia de que el sistema penitenciario cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos.
“La forma en que una sociedad trata a las personas privadas de libertad es un reflejo de su compromiso con la dignidad humana, la justicia y el Estado de derecho”, concluyó.
