Por Ana Jiménez
La salud y la educación no son concesiones del Estado: son derechos fundamentales. Son la base sobre la cual se construye la dignidad humana, la movilidad social y la estabilidad democrática. Cuando ambos sistemas entran en crisis —o cuando la ciudadanía percibe que están siendo debilitados por mala gestión, irregularidades o falta de supervisión— no solo fallan los servicios: se erosiona la confianza pública y se compromete el futuro nacional.
En la República Dominicana, el debate reciente sobre el funcionamiento del seguro público de salud, SENASA, así como las denuncias e investigaciones sobre el manejo de programas de becas y estructuras administrativas en el ámbito de la educación superior, han encendido las alarmas ciudadanas. Más allá de las responsabilidades individuales —que deben ser determinadas por auditorías, investigaciones y la justicia— lo verdaderamente preocupante es el patrón: sistemas sensibles bajo sospecha, controles cuestionados y una población que siente que sus derechos no están garantizados con la solidez que merecen.
Un país puede resistir crisis económicas y tensiones políticas, pero difícilmente sobrevive al deterioro simultáneo de su sistema de salud y su sistema educativo. Sin salud, la gente no vive con dignidad. Sin educación, no puede defender sus derechos ni construir oportunidades. La combinación de ambas carencias produce exclusión, dependencia y silencio social.
La salud pública no puede convertirse en un laberinto burocrático donde el paciente llega tarde o no encuentra medicamentos. Tampoco puede ser un espacio donde las denuncias de irregularidades se respondan solo con discursos. Se requiere transparencia activa: datos abiertos, auditorías independientes, rendición de cuentas periódica y sanciones cuando correspondan. La confianza se construye con evidencia, no con promesas.
La educación, por su parte, no puede ser rehén de intereses administrativos ni de posibles redes de privilegio. Los programas de becas, la gestión universitaria y la política de formación avanzada deben estar blindados por sistemas de verificación, seguimiento y evaluación pública. Cada beca mal gestionada no es solo un error contable: es una oportunidad perdida para un joven y para el país.
Existe además un riesgo más profundo: cuando la ciudadanía pierde fe en que el mérito, el estudio y el trabajo honesto funcionan, se abre espacio al cinismo colectivo. Y el cinismo es enemigo directo de la democracia.
También debemos decirlo con responsabilidad: denunciar no es condenar. Investigar no es sentenciar. Pero callar ante las dudas razonables tampoco es sano para la institucionalidad. La salida no es el rumor —es la verdad verificable—. No es la descalificación general —es la reforma concreta—.
Necesitamos un pacto social renovado por la salud y la educación. Con participación de técnicos, gremios, universidades, sociedad civil y medios de comunicación. Con métricas claras de desempeño. Con supervisión real. Con consecuencias.
Un Estado fuerte no es el que niega los problemas, sino el que los enfrenta de frente. Una democracia sana no es la que evita las preguntas, sino la que las responde con pruebas.
Porque cuando los derechos fundamentales se vuelven inciertos, no solo sufre el presente: se hipoteca el porvenir. Y ningún país puede darse ese lujo.
