Mi intención no es que se malinterprete lo que voy a decir. Defender la transparencia no es una pose, es un deber, sobre todo cuando hablamos del Estado, donde se administran recursos que no pertenecen a funcionarios, sino al pueblo.
Son recursos que salen del sudor de todos. Y su destino es claro: salud, educación, alimentación; en fin, garantizar los derechos fundamentales que la ley reconoce y que los gobiernos están obligados a cumplir.
Pero muchas veces los servidores públicos olvidan que no son dueños del poder, sino empleados del pueblo. Manejan el dinero como si fuera propio. Tratan las instituciones como si les pertenecieran. Y se distancian de la gente que los puso ahí.
Hoy el caso que toca al SENASA nos invita a una reflexión más profunda. No solo sobre corrupción, sino sobre el manejo de los procesos. Jóvenes profesionales son mencionados, señalados, expuestos… y aunque no haya sentencia, ya están condenados socialmente.
Y eso deja huellas. Marcas que no se borran. Familias que cargan con un estigma.
Ya lo hemos visto antes: personas descargadas por la justicia que jamás fueron absueltas por la sociedad.
Y entonces surge la gran pregunta:
¿Quién va a querer servir al Estado en estas condiciones?
¿Quién, siendo honesto, preparado y responsable, querrá asumir una función pública sabiendo que su nombre puede quedar manchado para siempre?
Hoy dejo esa pregunta en el aire:
¿Servir al país sigue siendo un honor… o se ha convertido en un riesgo?
