SANTO DOMINGO.– El Ministerio de Trabajo ordenó la paralización de 24 establecimientos comerciales propiedad de inversionistas chinos por condiciones de peligro inminente para sus trabajadores, durante un operativo que también detectó incumplimientos en el pago de bonificaciones, horas extras y descanso semanal.
El ministro Eddy Olivares informó que las inspecciones abarcaron 101 establecimientos del Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís e Higüey, donde las autoridades levantaron 1,016 actas por violaciones a la legislación laboral.
DESVINCULABAN EMPLEADOS ANTES DE TRES MESES
Informó que 91 de los 101 establecimientos inspeccionados desvinculaban a sus empleados antes de cumplir tres meses de labores, una práctica que, según las autoridades, impedía que acumularan determinados derechos laborales, como vacaciones y cesantía.
Los inspectores detectaron que 53 empresas no concedían el descanso semanal obligatorio, mientras otras 52 incumplían el pago de bonificaciones. Asimismo, 37 establecimientos no pagaban las horas extraordinarias y 33 violaban las disposiciones sobre nacionalización del trabajo.
En 53 establecimientos se identificaron incumplimientos de las normas de seguridad y salud ocupacional. De estos, 24 presentaban condiciones de peligro inminente, por lo que se ordenó detener sus operaciones conforme a la Resolución 04/2007.
DISTRITO NACIONAL CONCENTRÓ MÁS INSPECCIONES
En el Distrito Nacional, particularmente en las avenidas Duarte y los sectores Villa Consuelo, Villa Francisca y Mejoramiento Social, fueron inspeccionados 54 establecimientos, con 546 actas levantadas y 13 paralizaciones.
En Santo Domingo Este, Oeste y Norte se fiscalizaron 34 empresas, con 302 actas y tres paralizaciones. En San Pedro de Macorís e Higüey se inspeccionaron 13 negocios, se levantaron 168 actas y se ordenaron ocho suspensiones.
Del total, 974 fueron actas de apercibimiento y 42 de infracción.
Olivares advirtió que continuarán las inspecciones para garantizar el cumplimiento del Código de Trabajo y proteger los derechos de los empleados, independientemente de la nacionalidad de los propietarios.
