La noche del martes 29 de junio de 2021, el Ministerio Público, dirigido en ese entonces por la procuradora Miriam Germán Brito, lanzó un operativo de apresamiento contra su antecesor en el cargo, Jean Alain Rodríguez, a quien acusó de dirigir una supuesta red que estafó al Estado con más de 6,000 millones de pesos.
Contra Rodríguez y otros 17 implicados se formuló un expediente de 12,247 páginas con las que el Ministerio Público busca una convencer al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional para que aplique una pena considerable.
Sin embargo, avanzar el caso se ha vuelto una odisea. La defensa del exprocurador como los fiscales se acusan mutuamente de incitar los aplazamientos.
El director de Persecución, Wilson Camacho, acusó a los involucrados de reciclar incidentes para no avanzar; sin embargo, Jean Alain ha indicado que nunca ha faltado a las audiencia, mientras que su defensa Carlos Balcácer alertó en el pasado que en el juicio de fondo «se van a lanzar incidentes nunca oídos».
La mayoría de las suspensiones se deben a supuestas condiciones de salud de los imputados. Como ocurrió ayer miércoles, cuando el tribunal aplazó la audiencia para el lunes 23 de marzo, debido a que el acusado Javier Forteza Ibarra tenía conjuntivitis.
Además de Rodríguez y Forteza Ibarra, están imputados Jhonatan Loander Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Augusto, Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya y Braulio Michael Batista Barias.
También, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
Ocho aplazamiento en la etapa de fondo
Ya son ocho las prórrogas desde que el Segundo Tribunal Colegiado inició, en junio de 2024, el juicio de fondo.
Estos se suman a los 94 aplazamientos que ocurrieron durante la audiencia preliminar, desarrollada en el Tercer Juzgado de Instrucción.
En medio del proceso, las juezas han advertido que las demoras representan gasto para el sistema judicial, mientras algunos juristas han advertido que las constantes demoras podrían conducir a la extinción de la acción penal, contenida en el artículo 148 de la Ley 10-15.
