Como forma de fortalecer la lucha contra la corrupción, cinco senadores presentaron un proyecto de ley que busca modificar la Ley No. No. 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos con el objetivo de incrementar las sanciones por omisión de ese deber, por lo que serían pasibles de juicio político o de destitución, de acuerdo al tipo de rol que tenga.
Las sanciones se incrementarían en faltas graves y sujetos a juicio político para los funcionarios electos y los elegidos por el Senado y la Cámara de Diputados o el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y a faltas de tercer grado, de acuerdo a lo establecido en la ley No. 41-08, Ley de Función Pública. Esta última establece, en el artículo 81, que las faltas de tercer grado darán lugar a la destitución de los servidores públicos.
