Confabulaciones con el narcotráfico, pagos de sobornos para archivar expedientes, recibir dinero para negociar acuerdos, inculpar personas inocentes, entre otros delitos, han provocado la suspensión, cancelación y el sometimiento judicial de por lo menos doce fiscales en los últimos siete años.
La más reciente cancelación de un fiscal ocurrió este sábado, luego de que las autoridades del Consejo Superior del Ministerio Público destituyeran a Yván Ariel Gómez Rubio, de Barahona, quien estaba bajo investigación desde hace casi once meses, por irregularidades en el decomiso de un cargamento de drogas, “del cual se perdió una parte”.
Estas irregularidades han comenzado a generar escepticismo con respecto a la actuación de algunos fiscales, pues este año se han destapado varios escándalos que involucran a fiscalizadores, a pesar de que la Constitución les encomienda a esos servidores la función de perseguir las acciones delictivas para garantizar los derechos de los ciudadanos.
Por ejemplo, esta semana a la suspendida fiscalizadora de San Pedro de Macorís, Margarita Hernández, le impusieron prisión preventiva, tras ser acusada de cometer irregularidades en acuerdos concertados con dos hombres, a través de los cuales estos lograron salir de la cárcel y posteriormente asesinaron a sus parejas.
Este mismo año también fue enviada a prisión la destituida fiscal de Villa Vásquez, Carmen Lisset Núñez, quien junto a cuatro exmiembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), presuntamente colocaron droga a una barbería en esa localidad el 2 de agosto para incriminar a los jóvenes que se encontraban en el establecimiento.
Mientras que en noviembre del 2018 fue sometido a la acción de la justicia el fiscal adjunto de Dajabón, Gabriel Jacobo Morel Sánchez (Nino), a quien un juez le impuso prisión preventiva por presuntamente haber cometido violación sexual contra un menor de edad.
En marzo de ese año en Santiago de los Caballeros fueron suspendidas dos fiscalizadoras de la Unidad de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género por presunta negligencia en un caso que tenían a su cargo.
Neiqui del Carmen Santos Vásquez y Niovy Roamil Gómez Santana supuestamente cometieron negligencia al no ejecutar una orden de arresto que había contra un hombre, identificado como Juan Francisco Trinidad, previo a éste presuntamente haber asfixiado a un bebé de seis meses de nacido. El crimen ocurrió a pesar de que habían varias denuncias en contra del acusado que también intentó asesinar a una excuñada, hermana de su expareja y madre del infante asfixiado.
En 2017 en Santo Domingo Oeste también ocurrió un caso que llevó a la suspensión del entonces fiscal Marcos Rosario. De acuerdo con las informaciones este habría recibido RD$500 mil en sobornos a cambio de archivar un caso en esa jurisdicción.
Otro escándalo explotó en agosto del 2014 con la publicación de un video en donde quedó grabado el entonces fiscal de Ocoa, José Miguel Cuevas Paulino poniendo un arma de fuego ilegal durante un allanamiento a un supuesto narcotraficante de esa zona. Por la actuación irregular, el fiscal fue suspendido y sometido a la justicia por los cargos de prevaricación y abuso de autoridad.
En febrero de 2014 la Procuraduría General de la República canceló a la procuradora fiscal de Ocoa, Rosanna Rodríguez Melo, por “faltas muy graves” en el ejercicio de sus funciones, entre las que figura un presunto contubernio con personas ligadas al tráfico de drogas. También se le atribuyó irregularidad en el manejo de la cadena de custodia de bienes incautados.
En San Pedro de Macorís, durante el 2012 fueron sometidas a la justicia las fiscales adjuntas Solaine Vargas y Pedro García, los cuales fueron apresados justamente cuando, según la Procuraduría, recibían la suma de 500 mil pesos de miembros de la familia de un imputado por narcotráfico para negociar su libertad.
