- Esta medida no será obligatoria para todas las instituciones del Estado. Las entidades que operan de manera ininterrumpida o bajo regímenes especiales, como hospitales, cuerpos de emergencia o centros con funciones críticas, podrán mantener sus esquemas rotativos. No obstante, se les exhorta a adaptar sus áreas administrativas al nuevo modelo, siempre que sea viable.
A partir de este martes 1 de julio, entra en vigencia un nuevo sistema de horarios laborales escalonados para los empleados públicos en el Gran Santo Domingo, una iniciativa del Ministerio de Administración Pública (MAP) que busca mejorar la movilidad urbana y reducir el congestionamiento vehicular en la capital.
De acuerdo con la Circular núm. 008962, las entidades gubernamentales deberán redistribuir su personal en dos turnos laborales principales.
El 70 % de los trabajadores será dividido en dos grupos: el primero comenzará su jornada a las 7:00 de la mañana y terminará a las 3:00 de la tarde; el segundo grupo trabajará de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. El 30 % restante podrá conservar su horario habitual, según lo determine cada institución.
Asimismo, las dependencias públicas que registren una alta demanda de atención, más de 2,000 usuarios al mes, deberán adoptar un horario extendido de servicio al público, distribuyendo sus operaciones en dos tandas: una matutina, de 7:00 a.m. a 2:00 p.m., y otra vespertina, de 2:00 p.m. a 9:00 p.m. La intención es evitar aglomeraciones y ofrecer más opciones de horario a los ciudadanos.
Esta medida no será obligatoria para todas las instituciones del Estado. Las entidades que operan de manera ininterrumpida o bajo regímenes especiales, como hospitales, cuerpos de emergencia o centros con funciones críticas, podrán mantener sus esquemas rotativos. No obstante, se les exhorta a adaptar sus áreas administrativas al nuevo modelo, siempre que sea viable.
El nuevo horario es resultado de una colaboración entre el MAP y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), y forma parte de un plan más amplio que busca atacar los serios problemas de tráfico que afectan diariamente a miles de ciudadanos en la capital, con efectos negativos en la economía y el bienestar general.
El Ministerio de Administración Pública dará seguimiento al cumplimiento de la medida y evaluará su impacto tanto en la eficiencia institucional como en la mejora del tránsito. Los resultados podrían servir de referencia para aplicar este modelo en otras regiones del país.
