SANTO DOMINGO, República Dominicana.— La República Dominicana obtuvo una decisión favorable en un arbitraje internacional iniciado por el empresario francés Yves Martine Garnier, cuyas reclamaciones superaban los US$100 millones, equivalentes a más de RD$5,882 millones.
El Tribunal Arbitral, mediante un laudo emitido el 19 de agosto de 2026, desestimó en su totalidad las pretensiones del demandante, presentadas al amparo del Acuerdo entre los gobiernos de Francia y República Dominicana sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, suscrito el 14 de enero de 1999.
ORIGEN DEL LITIGIO
El proceso, iniciado el 4 de octubre de 2021 y administrado por la Corte Permanente de Arbitraje bajo el caso número 2022-01, tuvo su origen en la terminación del contrato de concesión para la gestión y recolección de residuos sólidos suscrito entre EGTT Dominicana, S.A., empresa del demandante, y el Ayuntamiento de Santo Domingo Este.
El tribunal determinó que la terminación de la concesión fue válida conforme al derecho dominicano, debido a deficiencias de EGTT Dominicana en la prestación del servicio.
Asimismo, concluyó que los hechos alegados por el demandante no alcanzaban el estándar requerido para configurar una violación de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado dominicano en virtud del tratado.
«La defensa del Estado no es únicamente la defensa del erario: es la defensa de la seriedad con la que este país honra sus compromisos. La República Dominicana cumple sus obligaciones frente a los inversionistas extranjeros y, precisamente por ello, sostiene con firmeza sus posiciones cuando una reclamación carece de fundamento», afirmó el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón.
LA DEFENSA
La defensa del Estado dominicano fue coordinada inicialmente por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), junto con el Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Posteriormente se incorporó el Ministerio de Justicia, institución que, conforme a la Ley núm. 80-25, tendrá a su cargo la representación del Estado en los arbitrajes de inversión.
El Estado dominicano contó además con la asistencia de la firma internacional Foley Hoag LLP, a través de su oficina en Washington, D.C.
El Gobierno señaló que el resultado forma parte de su política de defensa activa en materia de arbitraje de inversión, orientada a proteger los recursos públicos y preservar la seguridad jurídica como uno de los pilares para atraer y mantener la inversión extranjera en el país.
