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La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) incluyó a República Dominicana y otros países latinoamericanos entre las economías señaladas por supuestas deficiencias en la prevención del trabajo forzoso dentro de sus cadenas de suministro, un hallazgo que podría derivar en futuras sanciones comerciales y que expone tanto la vulnerabilidad como las oportunidades de estas economías frente al mercado estadounidense.
La investigación, realizada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 -el mismo instrumento utilizado anteriormente contra China- concluyó que decenas de países no han adoptado medidas suficientes para impedir que productos elaborados bajo condiciones de trabajo forzoso ingresen al comercio internacional. Como resultado, Washington propuso aranceles adicionales de entre 10 y 12.5 % a importaciones procedentes de 60 economías.
Las otras naciones de Latinoamérica que se mencionan son México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina y Chile.
